Una normativa restrictiva e ineficaz

Uno de los puntos más conflictivos del decreto es la prohibición de que los veterinarios dispensen directamente medicamentos en sus clínicas. Esta medida, que podría parecer una cuestión administrativa menor, tiene implicaciones muy graves: retrasa el acceso a tratamientos urgentes y pone en riesgo la vida de los animales.

A partir de la entrada en vigor del decreto, los veterinarios se ven obligados a emitir una receta que el dueño del animal debe llevar a una farmacia para adquirir el medicamento. No todas las farmacias están abastecidas con productos veterinarios, y el tiempo perdido en este proceso puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de un paciente. Así ocurrió con Selva, una perra que falleció de una sepsis tras no recibir a tiempo el antibiótico necesario, una trágica consecuencia directa del nuevo marco normativo.

Además, el decreto obliga a prescribir por marca comercial, lo que limita la capacidad del veterinario para escoger el fármaco más adecuado o más económico en cada caso. Esta medida contradice la práctica habitual en medicina humana, donde los médicos pueden recetar por principio activo para favorecer alternativas genéricas.

Los veterinarios son sanitarios. Los animales también merecen atención digna. Y la salud pública se defiende con ciencia, no con decretos mal diseñados

Una burocracia asfixiante

Otro de los elementos más criticados por el sector es la obligatoriedad de utilizar PRESVET, un sistema digital de registro de prescripciones, especialmente de antibióticos. Aunque el control del uso de antimicrobianos es necesario, el sistema supone una carga burocrática excesiva que resta tiempo a la atención clínica y que puede generar errores por su rigidez técnica.

El incumplimiento del sistema conlleva sanciones que pueden ascender a hasta 1,2 millones de euros, una penalización totalmente desproporcionada para clínicas pequeñas o profesionales autónomos. ¿Desde cuándo un error administrativo puede llevar al cierre de una clínica veterinaria?

Impacto negativo en la salud animal

La principal consecuencia del decreto no es solo el malestar profesional, sino el deterioro de la calidad asistencial y el riesgo para la salud animal. Las trabas administrativas y legales ralentizan los tratamientos, dificultan la toma de decisiones clínicas rápidas y generan inseguridad tanto en los veterinarios como en los propietarios de animales.

En el caso de animales de granja, estas limitaciones también pueden tener consecuencias económicas para ganaderos y agricultores, al dificultar la gestión sanitaria de explotaciones donde las enfermedades infecciosas requieren intervenciones inmediatas y eficientes.

¿Y qué pasa con la medicina humana? El doble rasero que indigna al sector veterinario

Uno de los aspectos más sangrantes del Real Decreto 666/2023 es la comparación con la medicina humana. Los veterinarios, como profesionales sanitarios, comparten la responsabilidad de combatir la resistencia a los antibióticos. Pero ¿por qué las medidas son tan desiguales entre veterinarios y médicos?

Los médicos pueden continuar recetando antibióticos con menos restricciones, sin necesidad de registrar cada prescripción en un sistema similar al PRESVET, ni enfrentarse a sanciones millonarias por errores formales. Esta asimetría normativa resulta incomprensible y ofensiva para los veterinarios, que exigen el mismo respeto, confianza y reconocimiento que cualquier otro profesional sanitario.

Como bien ha expresado el colectivo en declaraciones a El País: «no somos sanitarios de segunda».

¿Por qué aparecen resistencias a los antibióticos? Mitos y verdades

El argumento del Gobierno para implantar estas medidas tan restrictivas es la necesidad de controlar la aparición de resistencias bacterianas. Aunque esta preocupación es legítima, el enfoque del decreto es parcial y erróneo si se centra únicamente en los veterinarios.

Las principales causas de aparición de resistencias antibióticas, según organismos como la OMS y el ECDC, son las siguientes:

—Uso indiscriminado de antibióticos en medicina humana, especialmente en infecciones virales donde no están indicados. Este punto es muy importante, pues la prescripción de antibióticos en salud humana no ha sido limitado por ley alguna, aún siendo la principal causa de generación de resistencias.
—Automedicación por parte de pacientes, sin diagnóstico profesional.
—Uso excesivo de antibióticos de amplio espectro, que eliminan no solo bacterias patógenas sino también la flora bacteriana beneficiosa.
—Abandono de tratamientos antes de tiempo, lo que favorece la supervivencia de cepas resistentes.
—Falta de desarrollo de nuevos antibióticos por parte de la industria farmacéutica, lo que reduce las alternativas disponibles.
—Uso inadecuado en la producción ganadera industrial, aunque esta práctica está mucho más controlada en la actualidad gracias a regulaciones europeas.

El uso veterinario representa una fracción menor del total de consumo de antibióticos, y además, en los últimos años ha experimentado una reducción del 60% en su uso en animales de producción en España, gracias a la labor activa de los propios veterinarios en programas de uso responsable (AEMPS). Por tanto, centrar el problema exclusivamente en los profesionales veterinarios no solo es injusto, sino contraproducente.

Si el objetivo real es reducir las resistencias, el foco debería estar puesto también (y de forma prioritaria) en la prescripción médica en humanos, en el uso hospitalario masivo de antimicrobianos y en el refuerzo de la educación sanitaria de la población general.

Una profesión maltratada y movilizada

El 5 de marzo de 2025, más de 4000 veterinarios se manifestaron frente al Ministerio de Agricultura en Madrid. Convocados por organizaciones como FESVET, exigieron la modificación urgente del Real Decreto 666/2023, advirtiendo del riesgo que supone para la salud animal, el bienestar de los pacientes, y la viabilidad económica de muchas clínicas.

La respuesta del Ministerio ha sido, hasta el momento, tibia. Promesas vagas de «estudiar mejoras» y «evaluar impactos», pero sin medidas concretas que resuelvan los problemas inmediatos que esta norma ha causado.

Los veterinarios piden algo muy básico: confianza, respeto y herramientas que les permitan hacer su trabajo sin poner en peligro a sus pacientes ni su propia seguridad jurídica o económica.

Por una regulación justa y eficaz

El Real Decreto 666/2023 nació con la supuesta intención de mejorar la seguridad sanitaria, pero en la práctica ha generado un caos burocrático, ha limitado la autonomía de los profesionales y ha puesto en riesgo la vida de animales que necesitan atención urgente.

Lejos de abordar el problema de las resistencias con una visión científica y proporcional, ha optado por el camino fácil de cargar la responsabilidad sobre los veterinarios, sin aplicar criterios equivalentes al ámbito de la medicina humana.

Si el Gobierno quiere realmente proteger la salud pública, debe trabajar con los profesionales y no contra ellos, revisar la norma en profundidad, eliminar las medidas que entorpecen la práctica clínica, y establecer un sistema de control que sea justo, proporcional y basado en evidencia.

Los veterinarios son sanitarios. Los animales también merecen atención digna. Y la salud pública se defiende con ciencia, no con decretos mal diseñados.